CONTRADICCIONES SOCIALES

Los manteros resultan un problema para diversos agentes sociales: pequeños comerciantes, policía nacional, ayuntamientos, etc. Al efecto, me llamó la atención las manifestaciones de la secretaria de la alcaldía de Madrid, Marta Higueras (Guillermo Abril, EL PAIS SEMANAL, 11.11.2018, p.70):

[Los manteros realizan] una actividad ilegal y tenemos obligación de evitar que exista, porque perjudica el escenario, al tránsito [vial], a las personas que compran productos falsificados, por sus consecuencias para la salud […]. Muchas de estas personas tienen una orden de expulsión. Pero, como no se les expulsa, viven con nosotros. Y no les damos salidas ni tienen derechos. Conjugar esos intereses es complicado. Mientras el Gobierno no facilite alternativas, la gente tiene que ganarse la vida.

Habría, me hace pensar todo esto, que añadir una nueva asignatura en las distintas carreras de derecho, políticas sociología o económicas: Teoría de la contradicción. Pues veo que cada vez se producen más éstas en el devenir social, ya que los cambios, los acontecimientos, los fenómenos sociales, socio-políticos, socio-económicos, socio-laborales, socio-empresariales tienden más hacía unos caminos, unas rutas que el derecho, que el legislador no parece considerar, no parece entender o no parece captar. Y, cuando lo hace, no regula con la suficiente coherencia (a pesar de que acepto en admitir la dificultad de tales regulaciones).

Así, tenemos que la policía nacional debe aplicar la ley y proceder a la detención de quien no esté legalmente en España (haya caducado su visado, no tenga permiso de residencia o de trabajo, lo tenga pero hayan caducado estas autorizaciones o, simplemente, no tenga ninguno de estos documentos). Por otra parte, los ayuntamientos son responsables de lo urbano, del orden, de la limpieza, de la salud de las personas y de su seguridad en la vía pública. Efectivamente, qué se puede hacer si un departamento estatal no cumple con el papel que le corresponde, bien por desidia, bien porque no puede (falta de medios, esencialmente) o por otras circunstancias. Entonces, otros departamentos, municipales, locales o autonómicos que tengan por tarea la atención social, deberán preocuparse de todas aquellas personas, sean nacionales o extranjeros, tengan o no permisos, documentación o identificación, y atenderlas en su situación de precariedad.

No sólo son las contradicciones anteriores las únicas. También nos encontramos con otras contrariedades, según Cruz Roja Baleares (conferencia, 08.10.2018, Casal Alcover, PM, sobre refugiados) y la Conselleria de servicios sociales del Gobierno Balear. En primer lugar, a los efectos de acallar o corregir a los medios de comunicación, o a la gente en general (propicia y crédula a estos medios), se manifestaba que “no es cierto que Europa tiene más refugiados que otros continentes. Pues el 40% son desplazados internos” (es decir: europeos).

Por ejemplo, según ACNUR (Informe 2017, DP: M-33106/2016, Madrid, 2018), en África se produjeron “24,2 millones de desplazados por causa de la violencia”, de los cuales 546.000 han salido de la República Centroafricana para llegar hasta Camerún, Chad, RDC, Congo, Sudán o Sudán del Sur; todos ellos con solicitud de refugiados. Y otros 688.000 se han desplazado en el interior de la propia República con objeto de buscar una vida más tranquila. Así también ocurre con Nigeria (218.000 refugiados en Camerún, Chad o Níger) y 2,4 millones de desplazados internos. La R.D. del Congo tiene 685.000 refugiados en distintos países de África y cuenta con 4,5 millones de desplazados internos. Sudán del Sur, se identifica con la cifra más elevada de refugiados, 2,4 millones (Uganda, Sudán, Etiopía, Kenia, RDC o RCA) y unos dos millones de desplazados en el interior del país.

Como vemos, no sólo se trata de un capricho los desplazamientos a Europa. Sólo una parte puede acceder a tomar esta decisión (con los riesgos que ello implica). Vemos, en consecuencia, que este panorama nos da una realidad bastante triste, por no decir dramática (o trágica) de la vida en el gran continente africano, aquél en el cual se dice, por algunos, nació el ser humano hace millones de años (homo habilis), aquel ser solo y libre, aferrado a la naturaleza, a la tierra y a los árboles, a los ríos y a los animales; tribal, aún sin la extensa población de hoy en día, aún si el nuevo hombre civilizado, contradictorio y perdido, contradictorio y desconfiado del otro, contradictorio y vengativo.

En la conferencia sobre Refugiados en Baleares, ya mentada, las ponentes aportan la cifra de 25,4 millones de refugiados (según ACNUR) en el mundo. De 40 millones de desplazados dentro de su país. Otros 3,1 millones han sido solicitantes de asilo y 68,5 millones han tenido que huir de sus países debido a la violencia.

Los conferenciantes parecían estar de acuerdo en que ha sido imposible definir, al menos socialmente, lo que debe ser un refugiado, un inmigrante, un inmigrante ilegal o un asilado. Y en cuanto a los requisitos en nuestro país para tener la acreditación de asilado, consiste en demostrar que existen razones suficientes para huir del país natal, detallando los incumplimientos y vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (violencia, acoso policial o judicial, etc.).

Como vemos, la demostración resultaría difícil en muchas circunstancias, salvo que pueda elaborarse algún tipo de informe por parte de algún especialista. Pero lo más complicado resulta cuando, en España, se solicita el estatuto de refugiado o asilado: un 65% suelen ser negativos; un 45% de resoluciones son positivas, pudiéndose quedar los solicitantes en España. El porcentaje de expedientes pendientes no se conoce por parte de los ponentes.

Una vez el interesado ha solicitado su asilo, existe un plazo de seis meses para la resolución. La misma solicitud permite tener carta de residencia y trabajo; eso sí, en caso de que la resolución fuere negativa, el inmigrante debe abandonar el país, revocándose los permisos de residencia y trabajo. Tales circunstancias, es evidente, puede crear un trastorno social (socio-familiar, en

esencia), pues el solicitante se quedará sin recursos socio-económicos; o, si no es el caso (existencia de recursos financieros, familiares ya residentes, vivienda estable, etc.), deberá solicitar la residencia y trabajo como cualquier otro inmigrante en el país sin la documentación pertinente, es decir, de forma irregular (hay que pensar que la Administración tendrá en cuenta, de manera discrecional, las circunstancias como solicitante de asilo).

¿Qué hacer, entonces, con quiénes no pueden tener toda la documentación en regla, en vigor, sin que el Estado haya podido, por las circunstancias que fueren, haber practicado de facto la expulsión?

¿Qué hacer, pues, ante alguien irregular cuya expulsión puede provocarle la muerte a la llegada de su país?

AFRICA:

-24,2 millones desplazados por violencia.

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA:

-16,8 ibid.

ASIA YPACÍFICO:

-9,5 millones ibid.

EUROPA (incluye Turquía):

-11 millones ibid.

AMERICA:

-9,9 millones ibid.

Fuente: ACNUR, Informe 2017, Madrid, 2018.

Miquel Palou-Bosch