LEGALIZACIÓN DE MIGRANTES EN ESPAÑA

LEGALIZACIÓN DE MIGRANTES EN ESPAÑA

            En la editorial del periódico BALEARES SIN FRONTERAS (BSF, Nº 448, 1ª quincena de abril de 2024), el director del medio hace referencia al nuevo proyecto gubernamental para legalizar a medio millón, aproximadamente, de migrantes residentes en España. Pero llama la atención al lector en cuanto dicha cifra puede resultar exagerada por las oficinas de comunicación del gobierno español o de los partidos integrados en él. Ya que, para empezar, se limita a las personas establecidas en territorio nacional antes del uno de noviembre de 2021. Por tanto, posterior a esta fecha, no ha lugar. En consecuencia, considerar que desde el 01/11/2021 a 01/01/2024 existe la friolera nada rechazable de 26 meses. En este tiempo, habría que considerar, de facto, la población migrante que ha entrado en nuestro país, que desde luego no será baladí, pero que está fuera del proyecto legal.

            Dicha editorial, además, nos realiza un análisis de las bonanzas que siempre significa la regularización migratoria. Nos recuerda, al efecto, que la posibilidad de que los inmigrantes puedan trabajar legalmente, implica que éstos van a tributar. Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, dirigido por el profesor Joan Monràs, según indica Juan P. Blanco, director de BSF, señalaba que la recaudación calculada por cada nuevo ciudadano ascendería a unos 4.000 euros (entrevista en RTVE.es), cifra nada despreciable para las arcas públicas. En otro estudio, dirigido por el doctor José Mª Ramos (Universidad Politécnica de Cartagena), se concluía que los ciudadanos extranjeros sólo gastaban un 61,35% de las aportaciones que realizaban al Estado: por cada 1,63 eu ingresados en las arcas públicas, éstas aportaban 1 eu en prestaciones. En consecuencia, no puede alegarse ninguna pérdida económica en las regularizaciones. Además, considerando que la población migrante es más joven y fecunda que la nativa, refleja también un mayor coste público para el mantenimiento de ésta última. Asimismo, en dicho estudio, el profesor Ramos no observó un mayor gasto en la regularización de 2005, que supuso introducir en el mercado laboral 570.000 personas más.

            Por otra parte, LEGALTEAM, legalteam.es, (BSN-448, pág. 4) nos explica que el anuncio lleva todo un proceso que puede tardar meses. Este 9 de abril lo que aprobó el Congreso fue “una iniciativa Popular”. En ésta, se establece un “plazo de seis meses para aprobar un real decreto” que especifique situaciones y condiciones, requisitos y particularidades para solicitar la regularización, por parte de los interesados en la misma. En este ínterin de tiempo, los partidos deberán trabajar en sus enmiendas a discutir en el Congreso, para luego “volverse a votar en el Congreso y en el Senado”, según indica la fuente citada.  Por otra parte, LEGALTEAM nos aporta también información interesante sobre la historia de las regularizaciones en España. “Entre 1991 y 1992” el gobierno socialista regularizó a “108.321 personas”. “En 1996, con el Partido Popular” se acreditaron a 21.294 extranjeros, habiéndose recibido 25.128 solicitudes. En el 2000 (PP) se solicitaron 244.327 regularizaciones. De éstas, no se concedieron todas, significando al final 163.352 expedientes aprobados. En 2001 (PP), la denominada “regularización por arraigo” concedió 239.174 de las 350.000 solicitudes. El último proceso se produjo en 2005 (PSOE). En este caso, se aprobaron “más de medio millón” de expedientes.

            Aplaudiendo el buen trabajo informativo de BSF, terminamos esta crónica. Muchas gracias. Dpto. I.S./Hipatia CI.